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¿ERES ADMINISTRACIÓN, ORGANISMO O EMPRESA PÚBLICA?

¿ERES ADMINISTRACIÓN, ORGANISMO O EMPRESA PÚBLICA?

La Directiva de la Unión Europea sobre contratación pública, 2014/24/UE, establece una serie de acciones y líneas de actuación sobre el empleo de las personas con discapacidad que condicionan y enmarcan toda la actuación de los poderes públicos y de los agentes públicos y privados vinculados. El objetivo es garantizar una integración más eficaz y sostenible de las personas con discapacidad en el mundo laboral al mismo tiempo que aumenten el rendimiento económico de las Empresas de Iniciativa social (sin ánimo de lucro ) y que, por tanto, estas refuercen su posición como generadores de empleo para este colectivo.

En el caso de España, estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020, que prevé promover el empleo de personas con discapacidad tanto en el acceso a la función pública como fomentando la inclusión en los contratos públicos de cláusulas que favorezcan una aplicación creciente y efectiva de la contratación pública socialmente responsable y del papel de los Centros Especiales de Empleo que ocupan a personas con discapacidad, estableciendo una reserva en la licitación pública en favor de estos centros.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Obliga a la Administración Pública a reservar un cupo del 7% para ser cubierto por personas con discapacidad, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la materia. Además las Empresas Públicas tienen obligación legal de aplicar una cuota de reserva del 2% para trabajadores con discapacidad.

Ley 9/2017, de 2de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Obliga a los poderes adjudicadores a reservar algunos procedimientos de licitación a agentes económicos cuyo principal objetivo sea la integración laboral de las personas con discapacidad.

La contratación pública tiene un papel fundamental en la economía (en torno al 15% del PIB), por lo que cada vez que un ente público adjudica un contrato está produciendo un considerable impacto en el mercado y el entorno. Este poder económico de intervención de la Administración es un valioso recurso para favorecer la integración de las personas con discapacidad ya que no solo pueden utilizar los procedimientos de contratación pública para adquirir lo que necesitan, sino también para alcanzar objetivos sociales, medioambientales y de desarrollo sostenible.

La contratación pública socialmente responsable no persigue que la Administración gaste más, sino que gaste mejor.

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